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Alimentos.- Cuota alimentaria.- Actualización.-

Alimentos.- Cuota alimentaria.- Actualización.-

Notapor PracticaProfesional » Vie Ago 06, 2010 2:34 pm

C.A.Civ.Com., Azul, Sala I, 13-07-2010, 13-07-2010, G., E. M. c/ D. S. R., J.

Extracto del Fallo:
“... Conforme al artículo 265 del Código Civil, ambos padres deben alimentos a sus hijos “conforme a su condición y fortuna”, debiendo tenerse en cuenta entonces el trabajo que desarrolla cada uno, o el que puede desarrollar, la capacitación con que cuentan, título profesional, oficio, actividades ya cumplidas, nivel de educación, los bienes ya fructíferos que cada uno posee, los bienes de capital improductivos que podrían convertirse en bienes fructíferos, la vivienda con que cuentan, el estado de salud de cada uno en la medida que influye en su posibilidad de obtener ingresos y le demande gastos para la atención de sus propias dolencias, etcétera ...
(...)
... la cuantificación de la cuota debida por los progenitores a los hijos menores, no se requiere probar su necesidad, sin perjuicio de que la cuota se establecerá en relación a las posibilidades del demandado y a la necesaria contribución del otro progenitor. Las necesidades que deben satisfacerse con la cuota son las enunciadas en el art. 267 del Código Civil, es decir, las vinculadas a la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad. Cabe agregar que a los efectos de estimar las necesidades del menor debe tenerse en cuenta el nivel socioeconómico y cultural que éste gozaba hasta el momento del conflicto, por lo que al fijarse la cuota debe tenerse en cuenta la situación anterior, que comprende, por ejemplo, la asistencia a colegios pagos, profesores de materias complementarias, la asistencia del menor a determinados clubes, etc ...
(...)
... si bien se han producido algunas pruebas directas, ellas no arrojan resultados concluyentes en torno a los ingresos del alimentante. Y sabido es que en casos como el presente, en que el alimentante no cuenta con ingresos regulares que permitan acreditar su real nivel de ingresos, es posible recurrir a indicios, vinculados a su modo de vida y a todo otro aspecto que pueda fundar una seria presunción sobre su situación económica. Y también es perfectamente posible recurrir en parte a prueba directa y en parte a indicios ...
(...)
... el establecer una suma fija en concepto de cuota alimentaria conducirá inexorablemente a un efecto no deseado, ya que aquélla devendrá insuficiente en poco tiempo ...
(...)
... es perfectamente posible y conveniente para preservar los derechos del alimentado, de jerarquía constitucional ... fijar el valor de la cuota en relación a algún indicador que refleje, aunque más no sea de manera indirecta, el incremento en los ingresos del alimentante, como puede ser, para la generalidad de los casos, el salario mínimo, vital y móvil, cuyo incremento ha sido constante en los últimos años ... Ello sin perjuicio, claro está, de la posibilidad que asiste a cualquiera de las partes de acudir a incidentes de aumento o disminución de cuota alimentaria en caso de que tal arbitrio no refleje adecuadamente la verdadera progresión de los ingresos del alimentante, o –naturalmente- frente a cualquier otra circunstancia que implique un cambio de la situación tenida en cuenta al fijar la cuota.
En el caso concreto de autos, estimo puede recurrirse a los Aranceles aprobados por el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito I, al que pertenece el alimentante (fs. 87), ya que de acuerdo a lo normado en el art. 5 inc. 7 de la ley 12.754 dicho ente debe fijar los honorarios mínimos para las prestaciones odontológicas y las remuneraciones para profesionales en relación de dependencia. A esos fines, desde la instancia de origen deberá oficiarse al mencionado Colegio, a los fines que informe los aranceles vigentes a la fecha del presente pronunciamiento. Con su resultado, deberá establecerse el equivalente entre la suma fija que propongo al acuerdo ($ 1500) y una determinada práctica odontológica, que bien puede ser la “consulta”. En lo sucesivo, los aumentos de tales aranceles determinarán el aumento automático de la cuota mensual, desde la fecha en que el incremento de aranceles entre en vigencia ...”.


Fallo Completo
:
Azul, julio 13 de 2010.
1ª ¿Es justa la sentencia de fs. 574/581? 2ª ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
1ª cuestión. — El doctor Louge Emiliozzi dijo:
I.a) En el lugar indicado al formular la cuestión se dictó sentencia de primera instancia en el presente proceso de alimentos, en los términos del art. 641 del C.P.C.C., estableciéndose que el accionado Sr. J. de S. R. deberá abonar a su hijo J. A. de S. G., nacido el día 17.07.2003 una cuota alimentaria mensual de $ 1800 en dinero efectivo, con más la cobertura de la obra social. También se dispuso que dicha suma deberá abonarse por meses anticipados y desde el inicio de este proceso. Se impusieron costas al accionado, y se regularon honorarios a los letrados intervinientes por el principal y por distintos incidentes resueltos a lo largo de este voluminoso proceso.
Para así decidir, y en lo que interesa destacar a los fines del recurso, la Sra. Juez de grado evaluó ciertas probanzas de las que surge que el accionado ejerce la profesión de odontólogo en la ciudad de La Plata, haciéndolo en la Clínica Odontológica de dicha ciudad y en un consultorio particular independiente. También tuvo en cuenta que el accionado es propietario de varios inmuebles, los que si bien reconocen usufructo a favor de su madre, son demostrativos de su solvencia patrimonial. Del mismo modo, puso de resalto que el accionado reconoció al absolver posiciones ser propietario de un auto de modelo nuevo. También se refirió a la situación del menor y su progenitora, diciendo que ésta trabaja en FAVACARD y se ocupa del menor, recibiendo ayuda de sus padres y hermana. Seguidamente, refirió que si bien en el caso no es posible tener un conocimiento directo de los ingresos del accionado, puede inferirse su importancia mediante presunciones, arribando a la conclusión de que goza de un muy buen nivel de vida. Por último, considera que los $ 800 que el accionado viene abonando en concepto de alimentos provisorios han devenido insuficientes en razón del incremento del costo de vida operado desde que dicha suma fue fijada (en el año 2007), por lo que eleva el quantum de la obligación alimentaria a la ya mencionada suma de $ 1800 mensuales.
b) Dicho decisorio es apelado por el accionado (fs. 587) y por la Dra. Valeria Sansimoni (fs. 609), quien recurre sus honorarios por considerarlos bajos.
El alimentante expresó agravios a fs. 594/602, sin obtener respuesta de la contraria, aunque sí de la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, quien dictamina a fs. 617 propiciando la confirmación del decisorio en crisis.
La pretensión del recurrente está orientada a que se confirme la suma de $ 800 que viene abonando en concepto de alimentos provisorios –aunque admite que pueda tener algún incremento por la inflación habida desde que fue fijada- con más la obra social del menor que también solventa. Refiere –en lo medular- que su parte ofreció profusa prueba tendiente a acreditar su caudal económico, la que sin embargo no fue valorada, recurriéndose en lugar de ello a indicios y presunciones que conducen a una solución injusta e irrazonable. Agrega que tampoco se valoró que su parte se pronunció sobre la situación patrimonial de la progenitora del menor, acreditando la falsedad del contrato de locación invocado y denunciando que ciertos gastos del menor fueron decididos unilateralmente por la madre sin consultarlos con él. Admite que nunca negó tener un buen nivel de vida y una actividad profesional medianamente positiva, pero aclara que de ello no puede inferirse que ese nivel de vida sea superior al que se desprende de las pruebas directas que se han rendido en el proceso.
II.a) Sabido es que, tratándose de hijos menores, la obligación alimentaria es una consecuencia de la patria potestad y pesa sobre ambos progenitores por igual, sin perjuicio de la adecuación de la cuota a cargo de uno y otro que en cada caso corresponde hacer (arts. 265 a 272 del Código Civil; Bossert, Gustavo A., “Régimen jurídico de los alimentos”, 2ª ed. actualizada y ampliada, pág. 191; Castro, Alicia María “Alimentos a los hijos y derechos humanos”, obra colectiva de Cecilia P. Grosman y otros autores, capítulo VIII, “¿Desde cuándo se deben los alimentos?”, pág. 241 y subs.; esta Sala, causa n° 51.517, del 28.02.08., entre muchas otras).
Conforme al artículo 265 del Código Civil, ambos padres deben alimentos a sus hijos “conforme a su condición y fortuna”, debiendo tenerse en cuenta entonces el trabajo que desarrolla cada uno, o el que puede desarrollar, la capacitación con que cuentan, título profesional, oficio, actividades ya cumplidas, nivel de educación, los bienes ya fructíferos que cada uno posee, los bienes de capital improductivos que podrían convertirse en bienes fructíferos, la vivienda con que cuentan, el estado de salud de cada uno en la medida que influye en su posibilidad de obtener ingresos y le demande gastos para la atención de sus propias dolencias, etcétera... (Bossert, ob. cit., pág. 194).
Cuando uno sólo de los progenitores es el que tiene la guarda del menor –como ocurre en este caso-, los principios expuestos anteriormente deben interpretarse en armonía con la referida situación. En efecto, se ha dicho que “conforme a la situación similar en que ahora se encuentran los padres en materia alimentaria, y lo dispuesto en los arts. 265, 271 y 1300, ambos deben contribuir a los alimentos del hijo en proporción de sus respectivos ingresos; sin embargo, separados los padres, para estimar la contribución del progenitor que tiene la guarda de los hijos deben considerarse los aportes en especie, de significación económica, que él hace, -p. ej. si habita con el hijo en una vivienda de su propiedad o que alquila- y además la atención que presta al hijo en los múltiples requerimientos cotidianos, pues ello implica una inversión de tiempo al que debe atribuírsele valor, ya que de otro modo el progenitor podría invertir ese tiempo en actividades lucrativas” (Bossert, ob. cit., pág. 195).
En lo que respecta a la cuantificación de la cuota debida por los progenitores a los hijos menores, no se requiere probar su necesidad, sin perjuicio de que la cuota se establecerá en relación a las posibilidades del demandado y a la necesaria contribución del otro progenitor. Las necesidades que deben satisfacerse con la cuota son las enunciadas en el art. 267 del Código Civil, es decir, las vinculadas a la manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad. Cabe agregar que a los efectos de estimar las necesidades del menor debe tenerse en cuenta el nivel socioeconómico y cultural que éste gozaba hasta el momento del conflicto, por lo que al fijarse la cuota debe tenerse en cuenta la situación anterior, que comprende, por ejemplo, la asistencia a colegios pagos, profesores de materias complementarias, la asistencia del menor a determinados clubes, etc. ... Con todo, no puede dejar de advertirse que estos parámetros rigen para evaluar las necesidades del menor, pero la reducción de los ingresos del progenitor puede obligar a la reducción del monto pretendido (Bossert, ob. cit., pág. 213 y subs.).
b) A los fines de aplicar los principios expuestos al caso de autos, creo conveniente tratar en primer lugar los agravios dirigidos contra la ponderación que se hizo en la anterior instancia respecto a la situación económica del alimentante.
Asiste razón al recurrente al señalar que su conducta procesal se orientó desde un principio a contribuir a clarificar dicho aspecto. Ello se desprende no sólo de la profusa prueba por él agregada y producida, sino también de la contestación de demanda, en la cual se refirió a su actividad profesional y a su situación económica (fs. 160/161vta.).
Sin embargo, dicha circunstancia no basta para descalificar el decisorio apelado por el hecho de haber acudido a indicios (art. 163 inc. 5to. del C.P.C.C.) para estimar el caudal económico del alimentante. Ello así, porque si bien es cierto que tanto la actora como el alimentante ofrecieron algunas pruebas directas relativas a la situación patrimonial de este último, de ellas no surge con total claridad cuáles son sus ingresos. Nótese en este sentido que de la prueba documental agregada a fs. 89/95, emanada de la Clínica Odontológica La Plata (fs. 89/95), surgen ingresos muy fluctuantes, que oscilan entre $ 2.336,45 en marzo de 2007, hasta $ 5.340,95 al mes siguiente. El mismo alimentante reconoce a fs. 160 vta. que sus ingresos en la Clínica Odontológica son “absolutamente variables”, dependiendo ello de la mayor o menor afluencia de pacientes. Tampoco existen a lo largo del proceso datos precisos acerca de los ingresos que le genera al alimentante su consultorio particular.
En definitiva, como antes anticipara, si bien se han producido algunas pruebas directas, ellas no arrojan resultados concluyentes en torno a los ingresos del alimentante. Y sabido es que en casos como el presente, en que el alimentante no cuenta con ingresos regulares que permitan acreditar su real nivel de ingresos, es posible recurrir a indicios, vinculados a su modo de vida y a todo otro aspecto que pueda fundar una seria presunción sobre su situación económica. Y también es perfectamente posible recurrir en parte a prueba directa y en parte a indicios, como de hecho lo hizo la Sra. Juez de grado (Bossert, ob. cit., págs. 462 y 464; esta Cámara, Sala II, causa n° 50.582, “Pérez…”, del 17.04.07., voto del Dr. Peralta Reyes, con sus citas).
Por lo demás, tampoco advierto que la anterior sentenciante haya transitado por razonamientos irrazonables a la hora de conjugar los indicios con las pruebas directas rendidas para representarse cuáles son las posibilidades económicas del apelante. Debe tenerse en cuenta, como punto de partida, que el alimentante cuenta con un título profesional, lo que permite presumir que obtiene ingresos provenientes de su profesión, aun cuando dicha circunstancia no permita inferir sin más que aquéllos sean cuantiosos (Bossert, ob. cit., pág. 472). Ello es reconocido por el propio accionado, quien en la misma expresión de agravios admite que no niega tener un buen nivel de vida y un desempeño profesional medianamente positivo (fs. 598vta.).
Otra circunstancia que corrobora lo expuesto es que en el mes de junio de 2007, en oportunidad de contestar demanda el accionado, ofreció abonar una cuota alimentaria de $ 800 mensuales (fs. 163 punto XII), lo que es demostrativo de una buena capacidad económica, aun cuando tuviera que hacer esfuerzos para abonar tal suma. Debe tenerse en cuenta que en el tiempo transcurrido desde entonces no sólo ha aumentado el costo de vida y en términos generales también los ingresos de las personas –sobre estos aspectos volveré más adelante- sino que también es dable presumir que el accionado ha prosperado en su desempeño profesional. Nótese que al absolver posiciones en el mes de junio de 2007 manifestó que en el consultorio odontológico particular trabajaba poco en razón de que había sido habilitado en enero de ese año y se tarda en “entrar en ritmo” (fs. 173, respuesta a la 7ma. posición), lo que permitiría inferir –siguiendo con su propio razonamiento- que en los tres años transcurridos desde entonces han mejorado sus ingresos provenientes de dicho consultorio. Con este mismo sentido debe valorarse la manifestación que efectuara el alimentante mediante el escrito de fs. 561, con fecha 31 de agosto de 2009, afirmando haberse desvinculado de la Clínica Odontológica; conforme se ha dicho, ante la ausencia de toda otra explicación, ha de presumirse que la renuncia al empleo (situación a la que es asimilable la desvinculación antes referida) obedece a que el renunciante tuvo en mira una tarea mejor remunerada (Bossert, ob. cit., pág. 226), máxime en un caso como el que nos ocupa en que se trata de un joven profesional.
c) Cabe ingresar ahora en los agravios vertidos contra la ponderación que efectuara la anterior sentenciante respecto a las necesidades del alimentado.
Las partes son contestes en que a fines del año 2005 o comienzos del 2006 la Sra. E. M. G. optó por radicarse con su pequeño hijo J. A. de S. y G. en la ciudad de Olavarría (fs. 16 y vta. y 158vta.). Si bien el accionado insinúa no haber estado de acuerdo con dicha decisión, lo trascendente –a los fines de este proceso de alimentos- es que nada indica que con dicha determinación se hayan incrementado las necesidades del alimentado. Nótese que el mismo accionado afirma al contestar demanda que luego de la separación de la pareja, ocurrida en enero de 2004, la Sra. G. vivió un tiempo en lo de una hermana radicada en La Plata y luego en un departamento que alquilaba (fs. 159), lo que permite inferir que no contaba con una vivienda propia en dicha ciudad en la que pudiera habitar junto con su hijo.
Según se afirma en la demanda, una vez que E. M. G. se radicó en Olavarría debió alquilar una vivienda para habitar con su hijo, por no contar con una propia (fs. 16vta.). Si bien el alimentante negó la autenticidad del contrato de locación adjuntado por la actora a fs. 10 (ver fs. 162, apartado IX, primer punto) y aquélla no ofreció prueba supletoria para probar su autenticidad, lo cierto es que el alimentante tampoco afirmó en ningún momento que la actora cuente con una vivienda propia. Así las cosas, siendo que –conforme hemos visto- no es menester probar las necesidades del hijo menor, este rubro debe ser especialmente tenido en cuenta a la hora de evaluar sus necesidades (art. 267 del Código Civil).
En lo demás, las necesidades del menor son las propias de un niño de su edad, debiendo tenerse presente que en la actualidad cuenta con seis años, estando próximo a cumplir siete el día 17 del mes en curso. Dejando atrás la cuestión atinente a la vivienda –el cual ya fue abordado- el restante rubro que el alimentante cuestiona es el de los gastos de educación, por enviarse al niño a un colegio privado sin haber sido consultado al respecto (fs. 162 y 600 vta.). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre particularmente en los grandes centros urbanos, en los cuales existen algunos colegios privados de matrículas muy costosas a los que solo pueden concurrir niños cuyos padres cuentan con muy buenos ingresos, en el interior de la Provincia de Buenos Aires los colegios privados cuentan en general con matrículas más moderadas, lo que hace que concurran niños pertenecientes a la clase media, aun cuando ello signifique un esfuerzo para sus padres. Así las cosas, el costo del Colegio al que asiste el menor, del que da cuenta la documental de fs. 9, no parece irrazonable teniendo en cuenta la situación económica de su progenitor a la que antes me he referido (doctr. art. 265 del Código Civil).
d) Para finalizar, ya hemos dicho antes que si bien la obligación alimentaria pesa sobre ambos progenitores, cuando uno de ellos ejerce la guarda –como ocurre en este caso- deben ponderarse los aportes en especie que realiza, y además el tiempo que le insume la atención del menor, pues ello le impide o le dificulta realizar tareas remuneradas.
En el caso concreto de autos, a la Sra. E. M. G. se le ha tornado dificultoso obtener un trabajo, a tal punto que, según surge de estas actuaciones, en el presente no contaría con una actividad remunerada (ver fundamentalmente fs. 396, 401/404 y 511). Esta circunstancia debe ser tenida en cuenta a los fines de mensurar la obligación a cargo del progenitor, sin que ello implique que la progenitora deba cesar en el esfuerzo de procurarse un nuevo empleo, como medio para procurarse un mejor nivel de vida tanto para su hijo como para ella, ya que, según lo ha manifestado a lo largo del proceso, subsiste gracias a la ayuda de su familia, que por otro lado se encuentra obligada a prestarle alimentos frente a su carencia de ingresos (art. 367 y conc. del Código Civil). Sin embargo, y como ya fue visto, no pueden desconocerse las dificultades que se le originan a la hora de procurarse una actividad remunerada por el hecho de tener que hacerse cargo del cuidado de su hijo de seis años.
e) Valorando todas las circunstancias fácticas apuntadas a la luz de los principios que rigen en materia de alimentos de hijos menores, a los cuales ya he hecho referencia, estimo que el agravio debe ser acogido parcialmente, fijando en la suma de $ 1500 la cuota alimentaria mensual que el accionado deberá abonar al menor, con más la obra social, tal como fue dispuesto en la instancia de origen.
La reducción que propongo al acuerdo obedece a que si bien en términos generales no encuentro atendibles los agravios del accionado que están orientados a lograr una reducción más importante, la cuota fijada en primera instancia resulta un tanto excesiva teniendo en cuenta las necesidades de un menor de seis años. Conforme se ha dicho, a la hora de fijar el monto de la cuota juegan un rol decisivo las máximas de la experiencia, que integran el conocimiento extrajudicial del juez, ya que éste no podrá prescindir de su experiencia vital (conf. Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales…”, t. VII-A, págs. 321 y sig., cit. por esta Cámara, Sala II, causa n° 50.582, “Pérez…”, del 17.04.07., voto del Dr. Peralta Reyes).
Ahora bien, advierto que el establecer una suma fija en concepto de cuota alimentaria conducirá inexorablemente a un efecto no deseado, ya que aquélla devendrá insuficiente en poco tiempo, como consecuencia de la inflación no descontrolada –como en las épocas de la hiperinflación- pero sí constante que desde hace unos años afecta a nuestra economía. Esta circunstancia fue advertida por la Sra. Juez de grado, quien en el considerando VIII de la sentencia apelada afirmó que la suma de $ 800 que se fijara en concepto de alimentos provisorios en agosto de 2007 (fs. 253/254) ha perdido considerablemente el poder de cubrir las necesidades del menor. Este razonamiento es inclusive compartido por el propio alimentante, quien admite que la cuota provisoria se desvalorizó a consecuencia del efecto inflacionario (fs. 595).
Como es sabido, para evitar que se produzca el efecto no deseado antes referido, suele establecerse la cuota alimentaria en un porcentaje de los ingresos del alimentante, lo que a todas luces es más conveniente que establecer una suma fija, tal como lo puso de resalto este tribunal al entender en el recurso contra los alimentos provisorios (fs. 292/293 del cuadernillo de apelación, bajo el número de causa 51.899). Es que, como explica Bossert, “de este modo, la cuota alimentaria irá cambiando a medida que varía, por incrementos en las remuneraciones, el sueldo que el trabajador percibe, lo que evita incidentes de aumento y resulta justo para ambas partes, ya que el incremento de las remuneraciones suele vincularse al aumento del costo de vida; de manera que, ante un incremento en sus necesidades, el alimentado ve aumentado su alimento, y el alimentante sigue abonando siempre el mismo porcentaje de sus ingresos” (ob. cit., pág. 481; el resaltado es mío).
Ahora bien, cuando el alimentante no trabaja en relación de dependencia, como ocurre en este caso, no es posible establecer la cuota en un porcentaje de su sueldo, por lo cual suele recurrirse a una suma fija. Sin embargo, también se han efectuado algunas propuestas para evitar en estos casos la desactualización de la cuota, tales como determinarla de acuerdo al valor de venta de un determinado producto, sobre todo tratándose de un producto vinculado con la actividad del alimentante, cuyas oscilaciones, entonces, determinarán las variaciones de la cuota (Bossert, ob. cit., pág. 482).
En esta senda, estimo que es perfectamente posible y conveniente para preservar los derechos del alimentado, de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, art. 27 y conc. de la Convención de los Derechos del Niño), fijar el valor de la cuota en relación a algún indicador que refleje, aunque más no sea de manera indirecta, el incremento en los ingresos del alimentante, como puede ser, para la generalidad de los casos, el salario mínimo, vital y móvil, cuyo incremento ha sido constante en los últimos años (puede consultarse esta evolución en la página web de la Excelentísima Suprema Corte Provincial). Ello sin perjuicio, claro está, de la posibilidad que asiste a cualquiera de las partes de acudir a incidentes de aumento o disminución de cuota alimentaria en caso de que tal arbitrio no refleje adecuadamente la verdadera progresión de los ingresos del alimentante, o –naturalmente- frente a cualquier otra circunstancia que implique un cambio de la situación tenida en cuenta al fijar la cuota.
En el caso concreto de autos, estimo puede recurrirse a los Aranceles aprobados por el Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito I, al que pertenece el alimentante (fs. 87), ya que de acuerdo a lo normado en el art. 5 inc. 7 de la ley 12.754 dicho ente debe fijar los honorarios mínimos para las prestaciones odontológicas y las remuneraciones para profesionales en relación de dependencia. A esos fines, desde la instancia de origen deberá oficiarse al mencionado Colegio, a los fines que informe los aranceles vigentes a la fecha del presente pronunciamiento. Con su resultado, deberá establecerse el equivalente entre la suma fija que propongo al acuerdo ($ 1500) y una determinada práctica odontológica, que bien puede ser la “consulta”. En lo sucesivo, los aumentos de tales aranceles determinarán el aumento automático de la cuota mensual, desde la fecha en que el incremento de aranceles entre en vigencia.
III) Si la solución propuesta es compartida, deberán adecuarse los honorarios regulados en la instancia de origen (art. 274 del C.P.C.C.), por lo que deviene abstracto el recurso de apelación deducido a fs. 609 por la Dra. Valeria Sansimoni.
En cuanto a las costas del juicio, cabe puntualizar lo siguiente: respecto a las de primera instancia, no obstante lo prescripto por el art. 274 del C.P.C.C., no existe mérito para alterar lo decidido en la sentencia apelada, máxime ante el principio general que rige en materia de alimentos, donde es el alimentante quien debe cargar con las mismas (Bossert, ob. cit., págs. 410 y 411); con relación a las de alzada, ellas deben imponerse en el orden causado, en atención a la forma en que fue planteado el recurso de apelación del accionado y a la recepción parcial que el mismo ha tenido (arts. 68, 274 y conc. del C.P.C.C.; esta Cámara, Sala II, causa n° 50.582, “Pérez…”, del 17.04.07., voto del Dr. Peralta Reyes).
Así lo voto.
El doctor Peralta Reyes, adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.
2ª cuestión. — El doctor Louge Emiliozzi dijo:
Atento a lo acordado al tratar la cuestión anterior, propongo al acuerdo acoger parcialmente el agravio, fijando la cuota alimentaria mensual que el Sr. J. de S. R. deberá abonar a su hijo J. A. de S. G. en la suma de $ 1.500 mensuales, con más la obra social, la que deberá abonarse de acuerdo a las modalidades establecidas en la instancia de origen. La suma antes indicada se incrementará automáticamente conforme al aumento de los aranceles que en lo sucesivo disponga el Distrito I del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, a cuyo fin desde la instancia de origen deberá oficiarse a dicho Colegio para que informe los aranceles vigentes a la fecha del presente pronunciamiento, y con su resultado se establecerá un equivalente entre la suma antes indicada ($ 1500) y la práctica odontológica “Consulta”. Ello, sin perjuicio de la posibilidad que asiste a cualquiera de las partes de acudir a incidentes de aumento o disminución de cuota alimentaria en caso de que en un futuro tal arbitrio no refleje adecuadamente la verdadera progresión de los ingresos del alimentante.
Las costas de primera instancia quedan impuestas al demandado, mientras que las de alzada se distribuyen en el orden causado (arts. 68, 69 y conc. del C.P.C.C.), adecuando los honorarios de primera instancia y regulando los correspondientes a la presente del modo en que quedará reflejado en la parte resolutiva, y tomando como base regulatoria la diferencia entre la cuota alimentaria fijada y la que el alimentante abonaba antes de promoverse el proceso (conf. Art. 39 dec. Ley 8904/77, ésta Sala, Causas Nº 30632, del 27.12.1988, “Caballero...”, Nº 44288, del 08.05.2002, “ Gil...”); con lo que deviene abstracta la apelación deducida a fs. 609 por la Dra. Valeria Sansimoni (arts. 163 inc. 8vo., 164, 274 y conc. del C.P.C.C.; arts. 31, 39 y conc. de la ley 8904).
Así lo voto.
El doctor Peralta Reyes, adhirió por los mismos fundamentos al voto precedente.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente Sentencia:
Por lo expuesto, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del C.P.C.C., se Resuelve: admitir parcialmente el agravio, fijando la cuota alimentaria mensual que el Sr. J. de S. R. deberá abonar a su hijo J. A. de S. G. en la suma de $1500 mensuales, con más la obra social, la que deberá abonarse de acuerdo a las modalidades establecidas en la instancia de origen. La suma antes indicada se incrementará automáticamente conforme al aumento de los aranceles que en lo sucesivo disponga el Distrito I del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, a cuyo fin se procederá del modo indicado al tratar la cuestión anterior. Las costas de primera instancia quedan impuestas al demandado, mientras que las de alzada se imponen en el orden causado (arts. 68, 69 y conc. del C.P.C.C.), adecuando los honorarios de primera instancia y regulando los correspondientes a la presente del modo que a continuación se hará. —Víctor Mario Peralta Reyes. —Esteban Louge Emiliozzi.
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